La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en decisión dividida por mitades y saldada por el voto doble de su presidente, resolvió instruir a un fiscal para que investigue administrativamente al juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, por supuestas irregularidades vinculadas al concurso de Vicentin.
Acusan hasta por inhabilidad mental al juez del concurso de Vicentin SAIC
El magistrado de Reconquista tiene casi todo listo para definir si convalida el acuerdo alcanzado con los acreedores. Un fiscal revisará sus actuaciones.
Por Ignacio Hintermeister
Guillermo Casanova, como apoderado de Commodities SA -acreedora de la concursada- y Gustavo Feldman, denunciaron a Lorenzini por ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada; Incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas y hasta por inhabilidad física o mental permanente que obste al ejercicio adecuado del cargo.
Tales los causales de «remoción de los jueces» previstos en el artículo 7, incisos 1, 2 y 5 de la ley 7010 de Enjuiciamiento a Magistrados de Santa Fe, invocados por los denunciantes. Pero el máximo tribunal santafesino no abrió juicio político (esa decisión está pendiente) ni dispuso un sumario. En cambio encomendó una investigación administrativa.
Tres de los jueces de la Corte santafesina -María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Mario Netri- votaron por dar al juez Lorenzini la posibilidad de responder en 10 días hábiles las denuncias. «Teniendo en cuenta las particularidades de la denuncia traída a consideración y resultando necesario esclarecer las presuntas irregularidades planteadas, deviene pertinente, y previo a todo trámite, otorgar intervención al señor juez» Lorenzini, dice el pronunciamiento de estos magistrados.
Por otro lado, los jueces Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Daniel Erbetta (presidente del cuerpo, con voto doble en caso de empate) ordenaron una investigación sin pedir respuesta a Lorenzini, designando al fiscal de Cámaras Miguel Molinari para que se expida en 30 días sobre el caso.
«Resulta necesario esclarecer acabadamente las presuntas irregularidades planteadas en la denuncia efectuada en autos, determinando -en su caso- las eventuales responsabilidades que en el ámbito administrativo pudieran derivarse de las mismas».
Si bien el pedido de juicio político lleva meses de presentado, la investigación a Lorenzini llega -más allá de dos semanas de feria desde el lunes- en coincidencia con el tiempo en el que el juez de Reconquista debe definir si acepta la propuesta de pago a los acreedores realizada por Vincentin y los inversores estratégicos.
Bunge, Viterra y Molinos, mantienen trabajando «a fazon» las plantas de la firma concursada, lo que posibilita a su vez el pago de salarios. Cabe recordar que está en proceso de consolidación la compra de Bunge a Viterra a nivel internacional.
Commodities ya fracasó en su intento para llevar el concurso a tribunales de Rosario o para que la Corte se haga cargo del expediente mediante el avocamiento. Y denunció por motivos diversos a Lorenzini, sin éxito hasta el momento, más allá de la prolongación en el tiempo del concurso que tiene acuerdo de las mayorías requeridas por ley.
Cabe recordar que en paralelo al expediente concursal que se lleva adelante en Reconquista, el juez penal de primera instancia de Rosario, Héctor Núñez Cartelle, analiza las denuncias penales sobre las conductas de ex directivos de Vicentin en sus actuaciones previas al default de la empresa, así como sobre conductas de los actuales síndicos concursales.
