Crisis de recursos
Advierten que está en riesgo la atención de 200 mil personas con discapacidad en el país
La preocupación fue planteada a funcionarios políticos por familiares autoconvocados e instituciones prestadoras de servicios del norte santafesino. La interrupción, baja en la frecuencia y/o cese de las diversas prestaciones vulneran los derechos vigentes, sentenciaron.
En un salón auditorio de Casa del Bicentenario de Reconquista colmado, familiares de personas con discapacidad -acompañados por titulares de insituciones prestadoras de servicios de atención terapéutica- visibilizaron ante autoridades políticas del norte santafesino la “angustiante situación” que atraviesan a causa de las “interrupciones en los servicios y prestaciones destinados a las personas con discapacidad, que son consecuencia de la desfinanciación del sistema de atención por parte del gobierno nacional”.
Frente a los diputados provinciales Dionisio Scarpin, Sergio Rojas y Emiliano Peralta, al intendente local Amadeo Enrique Vallejos y a la secretaria municipal de Desarrollo Humano, Lic. María Haydée Maggio, plantearon la profunda preocupación reinante por “la interrupción, baja en la frecuencia y/o cese de las diversas prestaciones”, ya que esto "vulnera los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
Como consecuencia de la escasez de recursos “nuestros hijos, en medio de esta crisis, se ven privados de su derecho a participar plenamente en el sistema educativo, a disfrutar de la protección social, y a elegir sus tratamientos”, manifestaron. Y enfatizaron que la pérdida progresiva de esos derechos los distancia cada vez más de la posibilidad de obtener un empleo, de vivir de manera independiente en la comunidad, de desplazarse libremente, de ejercer su derecho al voto y de participar en actividades deportivas y culturales, entre otros aspectos fundamentales de la vida.
En peligro
Por su parte, quienes prestan servicios a personas con discapacidad también expusieron sobre la situación que “hoy pone en peligro la continuidad de los servicios y practicas terapéuticas, educativas y de transporte para las personas con discapacidad”.
Los representantes de Integrar, Siret, Hogar con Centro de Día “San Francisco”, y de los centros de día “Raíces”, “Paso a paso”, “Nueva Esperanza”, “La Costa” y “Joaquín Paz” pusieron sobre la mesa que “los fondos que financian el funcionamiento y la prestación de estos servicios, y que hoy son regulados por el Estado, no acompañan la creciente inflación que viene atravesando nuestro país” y tiene como resultando inmediato la pérdida del derecho al acceso a estas prestaciones.
Se trata, remarcaron, de servicios esenciales que afectan directamente la calidad de vida de este sector tan vulnerable de la población. En términos cuantitativos, aseguraron que “a nivel nacional, y en nuestras instituciones, están en riesgo más de 100.000 puestos de trabajo y la atención de 200.000 personas con discapacidad que acceden a distintas prestaciones”.
En este marco de crisis y emergencia, formularon un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a los dirigentes de las fuerzas políticas que representan al sector y a los trabajadores de los distintos medios de comunicación, a “sensibilizarse con la realidad que, desde hace tiempo ya, venimos atravesando y que hoy nos resulta insostenible”, e instaron a “visibilizar nuestra agónica situación a los efectos de evitar la precarización y/o desaparición de la prestación de los servicios antes mencionados”.
Aranceles desactualizados
En cuanto a los costos, encuadraron que mientras la inflación de 2023 fue del 211 %, la recomposición de aranceles estuvo en el 102 %. A sue vez, en el rubro transporte, también afectado, los aumentos se ubicaron para vehículos nuevos en 250 %, seguros 330 % y combustible 350 %.
A nivel provincial, calificaron a la problemática como “realmente crítica” debido a que “la obra social provincial IAPOS tiene aranceles diferenciados del nomenclador nacional”. Estos aranceles deberían haber aumentado entre enero y febrero un 31 % para igualar el nomenclador nacional, que a la fecha se encuentra en casi un 100 % desactualizado con respecto a los costos necesarios para que las instituciones mantengan el nivel de prestaciones adecuado, precisaron.
En tanto, en el plano nacional las instituciones solicitaron como una primera medida la “aplicación de paliativos tales como la exención de los impuestos municipales y provinciales por un período determinado, hasta tanto podamos revertir la difícil situación económica en la que estamos sumidos”.
Evasiva
Una consulta de este medio mediante correo electrónico para evacuar interrogantes a la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo una rápida, pero evasiva respuesta: “Momentáneamente no se están dando entrevistas dado que (los funcionarios) se encuentran abocados a la resolución de las problemáticas del sector. Pedimos disculpas y desde ya muchas gracias por la consulta”.
