Con el frente familiar roto y sus popes presos, ya no habrá más marchas por "todos somos Vicentin"

Lejos de amainar con el paso del tiempo, los días aciagos para la cúpula del firma agroexportadora nacional caída en default en 2020 cobraron intensidad no solo en la faz funcional -no pudieron completar el pago de los sueldos de febrero-, sino, y sobre todo, en el frente judicial con nuevas imputaciones penales a sus exdirectivos y directivos actuales, todo en el marco del proceso concursal.

La saga había comenzado el viernes 22 con más de un centenar de gendarmes allanando domicilios particulares de ejecutivos y exmandamases de Vicentin en Reconquista, Avellaneda, Funes y Rosario, y en localidades de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con el fin de recolectar material probatorio que sustentara una investigación por presuntas estafas millonarias, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Ese mismo día, inmediatamente quedaron aprehendidos Daniel Buyatti y Roberto Gazze, exejecutivos con peso específico dentro de la cerealera; más tarde fueron apresados Omar Scarel -expresidente del directorio- y Alberto Macua. 

En una audiencia que comenzó el jueves 27, los fiscales del MPA encartaron por asociación ilícita en calidad de jefes a Daniel Nestor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. En tanto, el resto de la mesa que dirigía los destinos de la empresa fue imputado como partícipes y miembros de esa organización: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

Manipulación

La acusación vertida por los doctores Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA Rosario, los encuadró por "continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentin SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario, con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos, entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”.

En esa línea, los representantes del MPA concluyeron que “entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $ 952.655.044”.

Para Moreno y Narvaja, esos casi mil millones de moneda nacional fueron usados para el pago de honorarios de abogados penalistas, una irregularidad manifiesta debido a que las figuras delictivas pesaban sobre ellos a título personal. Ergo, el costo de las mismas tuvieron que ser afrontados con dineros particulares, y no provenientes de las arcas de Vicentin.

El mismo modo de proceder adoptaron a la hora de contratar una caución por $ 40.751.243 con una aseguradora de manera de poder constituir la fianza necesaria para no quedar tras las rejas en la causa originaria, la del default.

“Grave”

Los fiscales enfocaron su mirada acusadora en un hecho sumamente grave: la conducción de Vicentin que llevó a la compañía a la cesación de pagos y que como consecuencia de la mala administración dio el paso al costado, en realidad continuó digitando el manejo de la actividad entre bambalinas. 

Los funcionarios del ministerio fiscal hicieron constar en su escrito que los pagos detectados ocurrieron en el segundo semestre de 2024, justo cuando operó el cese del control ejercido por los veedores dispuestos por el juez del concurso, "circunstancia particularmente relevante en el análisis del patrón de disposición ilegítima de fondos”.

Ambos fiscales detallaron en conferencia de prensa que en la causa de origen la estafa alcanza a los 700 millones de dólares; el próximo paso de ese expediente es la audiencia preliminar de acusación, el paso previo antes de la elevación a juicio oral.

Astilla del mismo palo

El atinente a la causa reciente, confirmaron que las actuaciones que derivaron en las detenciones y nuevas imputaciones surgieron a raíz de la denuncia de un accionista -un integrante del clan familiar- que expuso que los exdirectivos continuaban manejando los hilos de Vicentin y usufructuando plata de la empresa para gastos personales. Tras dos años de investigación, Fiscalía decidió avanzar con las atribuciones de los delitos señalados.

Fue también clave para la caída de los alter ego de Vicentin el estruendo judicial y mediático que implicó el arrepentimiento del exjefe de la AFIP Santa Fe - Rosario, Carlos Vaudagna. Este admitió en sede fiscal haber asesorado a Scarel para ayudar a la empresa cerealera a la elusión de una investigación por el delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido entre 2016 y 2019.

De los 19 imputados, 13 forman parte de un plantel que integró la mesa chica del holding empresario, y que ya estaban imputados por estafas. Además, se incluyeron otros 3 directivos como partícipes de asociación ilícita, y los actuales presidente, vice y director  fueron sometidos a proceso judicial por idéntica codificación penal.

Para el cuerpo de fiscales, Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua oficiaban de jefes del andamiaje ilegal vertebrado en escalones inferiores por los 15 restantes, sindicados como partícipes beneficiarios de las operaciones reñidas con la ley. Mientras los 4 primeros permanecerán en prisión preventiva hasta fines de julio, por lo menos, ante el riesgo entorpecimiento probatorio que los fiscales pudieron certificar ante el Tribunal de Garantías conformado por los jueces Nicolás Foppiani (presidente), Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy. Los demás deberán observar medidas de conducta y restriccionea, más el pago de una fianza en dólares.

“Impunidad”

Moreno dijo que esta investigación se advierte que “las conductas que verificamos hacía unos tres años en aquella imputativa se siguieron desarrollando en el tiempo y muestra un modus operandi, que la asociación ilícita mutó de tener como objetivo obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes”.

Asimismo, reveló la presencia de pagos a periodistas de Buenos Aires por parte de la firma que "han desinformado en cierta forma a través de cuentas de Twitter. (..) han cuestionado mediante falacias el accionar de la fiscalía en la causa Vicentin”, aunque dejó el claro que no se advirtió la comisión de delitos por lo que las causas pasaron a archivo.

Derivaciones sociales y económicas 

Las novedades judiciales últimas resuenan aún con fuerza en el norte santafesino, sede primigenia de la casi centenaria Vicentin SAIC, fundada en 1929 y casi fundida en los días que corren.

La preocupación tiene anclaje en las derivaciones sociales y económicas que puedan desencadenarse con la cada vez más inminente quiebra. En ese escenario latente, el Nodo Norte dejaría de ser atractivo para eventuales nuevos propietarios y, con ello, el futuro de 1.600 familias con empleo directo en emprendimientos del otrora coloso industrial entraría en severo entredicho. Se estima que por cada empleo directo hay 2 empleos anexos, por lo que el cuadro se tornaría en extremo complejo con la desaparición de la fuente laboral.

En este contexto, también se percibe que el clima de época es diametralmente opuesto al de 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández propuso expropiar la nave insignia de la producción norteña. En aquel tiempo, el norte se embanderó con la consigna defensiva “todos somos Vicentin” y copó rutas y calles.

Cinco años después, puede decirse que no hay más plafón comunitario para que algo así vuelva a ocurrir. Con las recientes detenciones de sus popes, con el frente familiar roto -los denunciantes son los mismos familiares de los imputados que se sienten esquilmados por sus propios parientes-, con la falta de pago a los acreedores que debieron reconducir sus unidades de negocios y productivas por el rojo en sus haberes a causa del default, con la mirada inquisidora de la sociedad sobre el denunciado accionar empresario, con la pérdida de confianza de los productores, esas marchas pasaron, inexorablemente, a ser parte del pasado.

Solo alguna movilización de los trabajadores que viven en ascuas por el destino incierto que la coyuntura de la hora les depara puede tener algún nivel de adhesión. El cuerpo empresario muy raramente podrá volver a contar con un apoyo como el que tuvo de los habitantes del norte.

Stress selectivo

Dicen los que saben de estas lides, expertos en cuestiones del mundo económico, que en un concurso a los que primero que hay que pagar es a los vecinos, para poder caminar tranquilo por el barrio; en segundo término, a los acreedores de más lejos; y por último a los bancos. Vicentin no solo que no le pagó a nadie, sino que en medio de su “stress financiero” sus dueños eligieron pagarse a sí mismos.

En primera persona

En enero de 2021, a un año de declarado el default, en una entrevista el gerente de la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita Limitada describió como nadie la tragedia que significó la caída en desgracia de Vicentin.

El dirigente narró en aquella oportunidad que la agroexportadora destrozó a las empresas regionales y les quitó toda posibilidad de inversión. 

“Se quedaron con 20 años de trabajo y esfuerzo. Nosotros la damos por perdida a esa plata, porque nos hace mal pensar en eso. Todo está hecho para no pagar, y si hablan de pagar a 15 años entonces un atado de cigarrillos va a valer más que la deuda que tienen”, expuso.

Para entender cabalmente cómo impactó el default de Vicentin en la Cooperativa, Alcides Mussín explicó que “nosotros entregamos el cereal con contratos en dólares, per ahora nos pesificaron la deuda y la toman a fecha de cuando dejó de pagar, a fines de 2019".

“Esa es la realidad, a las empresas regionales las destrozaron, a nosotros, por ejemplo, nos quitaron toda posibilidad de inversión, si hoy tenemos que comprar una noria para una planta de silos no podemos hacerlo”, graficó. 

“Resulta que (Vicentin) debía en dólares pero ahora le pesificaron la deuda, entonces pasan a deber en pesos. Nosotros, entonces, les estamos pagando la joda a estos atorrantes” que, mientas tanto, “están invirtiendo fortunas en sus campos privados”, sostuvo, con marcado malestar y también con un dejo de resignación por entender que ya el daño estaba hecho, y que costaría años revertirlo.