Confirmaron en segunda instancia los procesamientos de cuatro presuntos narcos barriales de Calchaquí

La Cámara Federal de Resistencia resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por un defensor público oficial y dejó firmes los procesamientos de Cristian Jesús Acosta, Pablo Luis López, Marcelo Alejandro Machuca y Leonardo Gastón Vázquez por los delitos de comercialización de estupefacientes en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambas figuras agravadas por el número de intervinientes.

Con la firma de la camarista Rocío Alcalá y la jueza subrogante Patricia García, la sentencia valoró la actuación del juez de primera instancia Aldo Mario Alurralde por reunir los elementos objetivos, idóneos y concretos respecto de la hipótesis denunciada, su adecuación típica, responsabilidad y presunta modalidad de ejecución, como mínimas sospechas para dar sustento a la sospecha necesaria para disponer las intervenciones de las comunicaciones. El juez se condujo con la "debida profundidad y prudencia que corresponde adoptar frente a estas circunstancias, no constatándose la falta de fundamentación alegada", por la defensa.

La causa se originó el 29 de diciembre de 2021 a raíz de una denuncia realizada bajo identidad reservada, a través de la cual se hizo saber a la fuerza de seguridad interviniente que Yamila Rodríguez y Alexis Chávez estarían comercializando estupefacientes en el barrio Moreno de la ciudad de Calchaquí. Además, se indicó que la nombrada viajaría una o dos veces por semana a la capital provincial para proveerse de la  referida sustancia ilícita, reflejó el fallo.

Las integrantes del tribunal cimero descartaron uno a uno por improcedentes los planteos recursivos del defensor de los encartados, tales como la pretendida versión de que la droga hallada había sido "plantada" por la policía en los allanamientos, que las imágenes aportadas como evidencia no eran nítidas, o también que en algunos domicilios de los presuntos narcos barriales no se había hallado material estupefaciente.

Peligros procesales

Para sustentar su decisorio, la alzada señaló que en la casa de Machuca se secuestró 1 envoltorio de nylon conteniendo 87 gramos de marihuana compacta, otros 53 envoltorios de la misma sustancia por un peso de 96 gramos; en la vivienda de Vázquez se encontraron 3 envoltorios de nylon conteniendo 180 gramos de marihuana, una balanza de precisión, un papel con anotaciones y 7 celulares; en el domicilio de Acosta se hallaron 14 envoltorios de nylon conteniendo 24,2 gramos de marihuana, otro con 0,4 gramos de clorhidrato de cocaína, anotaciones varias y 2 celulares; y, finalmente, en la casa de López se incautaron 16 envoltorios de nylon conteniendo 26,5 gramos de marihuana, 2 plantas de cannabis sativa y 5 celulares.

En tanto, las medidas realizadas -escuchas telefónicas, tareas de campo- dieron como resultado que la pareja conformada por Marcelo Alejandro Machuca y Marcela Elena R. sería la proveedora de estupefacientes, viajando frecuentemente a Calchaquí y hospedándose en el domicilio de los demás procesados o en un “rancho” del barrio Aborigen de la ciudad, recogió el tribunal chaqueño en su sentencia.

Paralelamente, recordó que las detenciones se produjeron en octubre de 2023 como consecuencia de que la Fiscalía Federal de Reconquista ordenó a la Dirección Regional Operativa de Vera, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la provincia de Santa Fe, que profundice la investigación.

En esa línea de tiempo, en noviembre y diciembre del mismo año fueron rechazados sendos pedidos de cese de las prisiones preventivas en atención a que la pena en expectativa (de 6 a 20 años de prisión) por los delitos atribuidos aparecía como determinante acerca de la "imposibilidad de que una eventual condena sea impuesta de manera condicional".

Ello sumado al riesgo de que los imputados pudieran pertenecer a una estructura criminal con capacidad logística y organizativa para traficar mayores cantidades de estupefacientes, lo que "indicaría la posibilidad cierta de que, de recuperar su libertad, accedan a medios necesarios para darse a la fuga y/o permanecer ocultos".

Compromiso ciudadano

Al respecto, el juez federal de Reconquista, que fue quien dictó los autos de procesamientos, expresó su beneplácito porque "la Cámara desestimó la apelación y confirmó el decisorio que había tenido, razón por la cual estas personas continúan privadas de la libertad y procesadas".

El Dr. Alurralde, respecto de la denuncia de identidad reservada que originó la investigación, calificó de "importante la participación ciudadana, la intervención en materia de prevención del propio ciudadano cuando observa o toma o tiene un dato respecto de que en algún lugar se estaría cometiendo o se habría cometido algún delito".

"En este caso hubo mucho material probatorio, se pudo seguir la ruta, digamos, la trazabilidad del estupefaciente como dónde era adquirido y hacia dónde llegaba y esto desembocó en la detención de estas cuatro personas y el cese de la actividad ilícita. Así que, bueno, bienvenido sea este compromiso ciudadano cuando se tiene en contra de quienes envenenan nuestra sociedad con la droga", afirmó.