El Consejo de la Magistratura volverá a sesionar luego de casi cuatro meses
La versión ampliada del organismo tendrá su primer plenario el 20 de abril, con 19 de los 20 miembros, ya que una banca sigue en conflicto. Buscan acuerdos para definir autoridades. Qué pasa con los pliegos de jueces.
Por Emerio Agretti
El Consejo de la Magistratura volverá a sesionar en Plenario el próximo 4 de abril, después de cuatro meses de virtual inactividad tras el fallo de la Corte que restituyó la formación de 20 miembros y la designación de los nuevos representantes de cada estamento.
Así lo resolvió una reunión de la Comisión de Labor que sesionó el miércoles pasado, bajo la presidencia del también titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La reunión fue cerrada, exclusivamente entre los consejeros y, según fuentes del propio organismo, no se permitió el ingreso ni de asesores, ni de funcionarios del Consejo.
En la reunión estuvieron presentes 18 de los 20 consejeros: el representante del sector académico Hugo Galderisi no asistió por cuestiones personales sobre las que había avisado con anterioridad y el vigésimo consejero aún no fue designado, porque está judicializada la representación del senador por la segunda minoría de la Cámara alta. Voceros del Consejo mencionaron que la reunión se desarrolló en «un clima de concordia», que intentó salvaguardar su funcionamiento de la tormenta desatada por la selección de sus integrantes y en medio del proceso de juicio político, impulsado por el kirchnerismo entre otros por este mismo tema, y en el que semana a semana dispara una nueva andanada de imputaciones contra los jueces del Máximo Tribunal.
Por lo pronto, la Comisión de Labor resolvió que en lo sucesivo los plenarios se realizarán los miércoles, con una periodicidad que fijarán los propios consejeros. En la reunión del 4 de abril, según lo conversado, buscarán definir el nombre del vicepresidente y las autoridades de las cinco comisiones que tiene el Consejo: Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.
Armando agenda
En ese sentido, ya hubo reuniones entre los consejeros cercanos a la oposición y al oficialismo. Entre ellas, una que sorprendió fue la de Rosatti con el consejero representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, y el consejero, expresidente y vice del organismo, el camarista Alberto Lugones. Pero precisamente, esto no solamente va en orden a lograr un clima de cordialidad y distensión política para ratificar la decisión de continuar con la actividad, sino también de intentar avanzar en cuestiones de fondo, sensibles para la vida del organismo.
Por ejemplo, las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo de candidatos a jueces o las denuncias contra magistrados. Además, se debe tener en cuenta el calendario electoral para 2023, que marcará también el rumbo político e institucional del Consejo.
En ese sentido, podría haber una propuesta doble: que el reparto de comisiones refleje el equilibrio de fuerzas pero que también exista un criterio de temporalidad que, según el resultado electoral, pueda recalibrarse conforme al nuevo mapa de poder que se defina a partir de diciembre de este año.
Según publicó La Nación, habría consenso para que la jueza Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó, sea vicepresidenta del cuerpo y para que otros jueces, uno de cada lista -Bordó, Celeste y Compromiso Judicial- integren la comisión de Selección de Magistrados, un espacio clave pues allí se deciden los concursos para cubrir las vacantes.
Los jueces no pueden integrar la Comisión de Acusación, donde el oficialismo aspira a tener peso. Allí se decide qué casos se llevan al plenario para promover o desestimar los pedidos de juicio político. Y restan las Comisiones de Disciplina -para analizar sanciones por faltas menores, no remociones- y la de Administración, donde se discute el presupuesto y la gestión de los fondos del Poder Judicial, excepto los de la Corte.
Los que están y el que no
El Consejo debe tener 20 miembros, pero la Corte objetó la designación del senador kirchnerista Martín Doñate y no le tomó juramento. Esto es así porque el máximo tribunal consideró inválida la decisión de Cristina Kirchner de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro representantes de la Cámara alta (dos por la mayoría y uno por la segunda minoría), dejando afuera al consejero propuesto por Pro, Luis Juez.
A pesar de las peleas que provocó ese fallo de la Corte y los anteriores, que motivaron el juicio político que el oficialismo activó en Diputados y llevaron al presidente Alberto Fernández a denunciar en la Asamblea Legislativa que los jueces supremos habían «tomado por asalto el Consejo de la Magistratura», el oficialismo decidió integrar la reunión de labor y participar de las negociaciones.
En este Consejo de la Magistratura hay jueces con diferentes cercanías políticas; cuatro diputados y senadores del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio; abogados que apoyan en parte al Pro y en parte a la UCR; y un bloque que está integrado por los académicos y un sector de los abogados que responde el exconsejero Diego Molea.
Los 18 consejeros que participaron de la reunión de labor fueron los senadores María del Carmen Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el oficialismo, y Eduardo Alejandro Vischi, por la oposición. También los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR; el académico Guillermo Tamarit -que respondería al exconsejero Molea-; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (de Compromiso Judicial). También el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
El vigésimo consejo
La Corte dictó un fallo en el que señaló que la inclusión del senador Martín Doñate es violatoria de la ley, que contempla que debe haber dos senadores por la primera minoría, uno por la segunda minoría y otro por el bloque que le sigue en representación.
En el caso de Doñate, Cristina Kirchner lo había propuesto por la segunda minoría, luego de partir en dos el bloque del Frente de Todos, de 35 miembros: creó las bancadas del Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, por el que postuló a Mariano Recalde (CABA) y a María Inés Pilatti Vergara (Chaco), y el bloque Unidad Ciudadana, de 14 integrantes, por el que postuló a Doñate (Río Negro). En la práctica, ambos bloques nunca funcionaron de manera independiente. Cosa que, paradójicamente, sí ocurrió después, con el desmembramiento de cinco senadores en el llamado
Cuando rechazó esta designación de Doñate, la Corte recordó que en su acordada del 8 de noviembre había declarado «inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura», porque dijo que con esa maniobra se pretendió que uno de los bloques (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque de Pro (de nueve miembros) como la segunda minoría, «violando de ese modo la pluralidad representativa» en el Consejo de la Magistratura. Por esta razón, la Corte excluyó a Doñate.
El partido Pro pugna por designar al senador Luis Juez o a su suplente, el senador Humberto Schiavoni, como consejero en el lugar donde pretendía estar Doñate. La Justicia por ahora invalidó el decreto parlamentario que designaba a Doñate, pero no colocó a Juez como consejero, por lo que -por ahora- los consejeros que juraron sus cargos ante la Corte son 19 y no 20.
