Fiscalía Regional Reconquista: desafíos ante la carencia de recurso humano

El sistema penal acusatorio presenta en el noreste provincial grandes avances en la lucha contra determinados tipos de delitos. Al mismo tiempo, evidencia un déficit en la persecución de otras conductas reprochadas por las leyes vigentes. Narcocriminalidad y cautelares.
Fiscalía Regional 4 con sede en Reconquista.

La lucha contra el juego clandestino es, seguramente, el mayor logro de la gestión del fiscal regional Dr. Rubén Martínez -que asumirá su segundo período de 5 años- con 35 históricas condenas efectivas contra regenteadores de esa modalidad delictiva: las apuestas ilegales, un mal endémico de la región al que se le puso coto.

Empero, más allá del amplio espectro del combate a la delincuencia, la problemática de la violencia de género va en aumento en la circunscripción norteña. El cuadro se agrava por el sistema patriarcal vigente desde mucho tiempo, el que definió pautas culturales sociales basadas en el poder estructural que ejerce el hombre sobre la mujer.

La persistencia del MPA para revertir esa pesada herencia es digna de destacar en los estrados judiciales, aunque no siempre el éxito de esas acciones está asegurado, y para muestra basta un botón: el Caso Galaz, en el cual la pretensa víctima de abusos reiterados denunció su revictimización.

Otra de las aristas a mejorar alcanza a la labor policial. La fuerza que debería ser aliada de la labor de los fiscales, en realidad termina convirtiéndose en una piedra en el zapato. De acuerdo a un informe del regional Martínez, a los uniformados les cuesta entender la labor investigativa y su importancia a la hora de los juicios. Igual de grave es la impericia para coordinar acciones entre distintas reparticiones de la fuerza.

Por último, dos cuestiones centrales: es cada vez mayor la relación de los delitos comunes con la narcocriminalidad, lo que demanda un trabajo coordinado del fuero ordinario con el federal; la falta de fiscales atenta contra la normal prestación del servicio de justicia en el vasto territorio norteño, que cuenta solo con la mitad de la plantilla necesaria.

Prioridades

Paralelamente, el Servicio Público de la Defensa, con la regional Dra. Valeria Lappisonde a punto de asumir un nuevo mandato, enfrenta desafíos de igual tenor en su ámbito de acción. En el organismo, la falta de defensores juega en contra y conlleva la multiplicación de esfuerzos funcionales y personales; por caso, la ciudad de Las Toscas no cuenta con funcionario asignado, en Reconquista hay una sola defensora, y una subrogancia que no se cubre.

Del análisis de gestión, surge la necesidad de profundizar líneas de acción en lo atinente a salidas alternativas, como la justicia restaurativa, los criterios de oportunidad y suspensiones de juicios a prueba. En lo positivo, se inscriben la consolidación de los estándares de investigación en la cuestión de género y la incorporación de profesionales interdisciplinarios.

También aquí existen preocupaciones de marcada prioridad: primero, la falta de monitoreo en tiempo real de las prisiones preventivas, muchas de ellas sin plazos, que para la Defensa deberían ser evaluadas a medida que avanza la investigación para comprobar si las causales de esas cautelares siguen o no vigentes.

Segundo, pero igual de importante, son las condiciones en que se cumplen las detenciones. El foco de mayor controversia es la celaduría de Reconquista, con una realidad edilicia compleja; luego, en la cárcel de Santa Felicia no hay hacinamiento, pero se encuentra al límite; y se descomprimió la alcaidía de Vera con obras aliviadoras.