«La sequía nos pega en la línea de flotación», advirtió el ministro que viene recorriendo el territorio semanalmente y se reúne con productores y entidades. «A la pérdida de ocho millones de toneladas de trigo a nivel nacional, sumamos dificultades en la siembra de maíz y de soja; finaliza la parición del rodeo por lo que vamos a tener problemas en la producción de carnes en 2023. Habrá malos tactos y menos producción de terneros. En lechería similar situación, es época de reservas de alfalfas que no se podrán constituir. El sector legumbrero también tuvo problemas».
Costamagna marcó que no es buena la humedad en la zona agrícola, y que ha mejorado algo con las lluvias del fin de semana en el norte santafesino.
Planteó un trabajo en tres frentes, uno de ellos el nacional no solo por la homologación de la emergencia sino con un reclamo ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien comprometió un apoyo de 900 millones de pesos para reforzar el apoyo al productor, que en caso de concretarse, la provincia canalizará a través de las Agencias para el Desarrollo. Hay ya 1.600 productores inscriptos para poder tener algún tipo de apoyo económico.
También subrayó el ministro que Santa Fe ha planteado a Salta la preocupación por la situación del río Juramento que llega a nuestra provincia como Salado. «Hemos auditado usos del río para riego que agrava la situación en el dpto 9 de Julio. El río está cortado en algunas zonas y esto impide que la hacienda tenga agua. Es muy grave y estamos buscando apoyar a esos productores con las sociedades rurales y presidentes comunales», mientras se espera la concreción de acueductos.
«Me preocupa la situación futura porque estamos poniendo en riesgo la producción del 2023. Es imprescindible que, ante un sector tan importante en producción como el campo, con todo lo que tracciona al resto de la economía (inversión, empleo) el gobierno nacional esté a la altura, que apoye y que apoye con fondos, fondos que el sector devuelve con creces con retenciones», le señaló a El Litoral. «Hoy el sector está en una situación climática complicada -no solo en la provincia- y deberíamos tener un gesto fuerte de la nación. La situación es compleja. Se lo planteamos a Bahillo y dijo que lo elevará al ministro de Economía. Estamos esperando una devolución», reiteró.
Para acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nacional y la homologación de los decretos provinciales, los productores deberán disponer del certificado de emergencia o desastre agropecuario emitido por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el marco del Decreto 2476/22. Tendrán tiempo hasta el 28 de febrero de 2023 para presentar los formularios de declaraciones juradas.
Los beneficios a los que los productores podrán acceder debido a la homologación nacional son los siguientes:
* Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre.
* AFIP suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
* Suspensión de hasta noventa días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.
