Fuerte discusión en el recinto
Ley de emergencia para ASSA
Enérgica defensa oficialista sobre la necesidad de una ley especial. Fuertes críticas de los diferentes bloques opositores a la sexta situación de emergencia que tiene el Ejecutivo en poco más de siete meses. La situación tarifaria, manejo de acueductos, deudas de prestadores y futuro contrato de concesión como ejes de una picante discusión.
Con el solo acompañamiento de Juan José Piedrabuena (Barrio para la Gente), en Diputados, el oficialista bloque de Unidos logró sancionar la ley que declara hasta el 31 de diciembre de 2024 en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A (ASSA). El mensaje del Poder Ejecutivo había sido ya aprobado por el Senado y el oficialismo cerró filas para no aceptar modificaciones que propuso especialmente el justicialismo. Para enmendar cuestionamientos de posible afectación de recursos coparticipables de municipios y comunas, el oficialismo votó una declaración con sugerencias al Poder Ejecutivo.
La declaración de emergencia tiene como fin "atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad".
La norma tiene vigencia hasta fin de año con la posibilidad de una prórroga de otro año calendario y le permite al Poder Ejecutivo "a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión por el articulo 3 de la Ley N.º 11.220". Ordena elaborar ese nuevo cuadro fijando "valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna". Dispone además que en la tarifa se tienda "a la sostenibilidad ambiental, económica y social de la prestación del servicio", garantizando "la tutela de los derechos de usuarios y usuarias del servicio, para lo cual se deberán desarrollar audiencias públicas de modo previo a la determinación de la tarifa".
Otro capítulo delega en ASSA la operación, mantenimiento, administración y explotación del sistema de acueductos y obliga a conectarse a la red a las localidades por donde pasen los caños de agua. Un artículo controvertido es el que le permite al Ejecutivo retener fondos de coparticipación a los municipios y comunas que adeuden facturas por los servicios. El último artículo le ordena al Ejecutivo elaborar un nuevo marco regulatorio ante el vencimiento del contrato entre el estado y ASSA.
La emergencia en ASSA es la primera ley especial de la actual gestión legislativa que no tuvo acompañamiento de ninguno de los bloques opositores. Es más, el interbloque justicialista fue muy crítico en sus rechazos al proyecto especialmente en los discursos de Lucila De Ponti, Marcos Corach, Miguel Rabbia y Verónica Porcelli Baró Graf. Tampoco faltaron críticas desde la izquierda a través de Carlos Del Frade (FAS) o de los bloques de derecha con posturas de Omar Paredes (Somos Vida) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).
Dionisio Scarpin, Rubén Galassi y Pablo Farías fueron los encargados de exponer las razones del voto favorable. El radical abrió el tiempo de discursos con la ley ya sancionada y los socialistas fueron refutando argumentos de las críticas opositoras. Luego, la presidenta, Clara García, no abrió la posibilidad de seguir la discusión ante los reclamos de De Ponti y de Corach por haberse sentido aludidos en los discursos de los socialistas.
"No podemos dudar que ASSA está en emergencia a la hora de prestar servicios y de intentar llegar a toda la población", afirmó Scarpin que al igual que los socialistas recordó que la concesión solo está en quince ciudades de la provincia y recibe millonarios subsidios del Estado provincial, cuestión que no alcanza al resto de la provincia. "La ley es un punto de partida para una discusión sobre varios temas, no un punto de llegada", para el radical norteño.
Paredes sostuvo que no hay apuro en votar emergencias y como varios de sus pares subrayó que cooperativas prestadoras de agua potable se quejaron de no haber sido invitadas a exponer ante las comisiones de Diputados. Corach también habló de apresuramiento y falta de consulta a los actores. "No hay solo renglón de la ley que hable de saneamiento, solo se habla de tarifas y de incautar fondos a municipios y comunas", subrayó para luego hablar de aumentos de tarifas del 546% en este año y de casi el 4000% para el agua a granel. "Esta ley tiene serios vicios de inconstitucionalidad", señaló para hablar de futuros planteos judiciales de intendentes y presidentes comunales.
Los planteos de Galassi y de Farías fueron políticos pero matizados con números y porcentajes. "El agua es un derecho humano, debe tener un valor para que haya un consumo razonable. Hoy la tarifa está distorsionada y paga lo mismo una casa con dos habitaciones con alguien que tiene una pileta y usa agua corriente para llenarla", añadió. Rescató que hasta el 2019, la tarifa cubría el 70% del funcionamiento de ASSA y en 2023 menos del 25% para subrayar además los aportes de capital realizados por el estado con el tendido de acueductos. "Defendemos a la empresa estatal pero asumamos que generar agua potable implica esfuerzos y costos", destacó.
Farías quiso llevar tranquilidad ante planteos que consideró temerarios y comparó la tarifa con aquellos vecinos de Santa Fe y de Rosario que no tienen agua potable y que deben recurrir a la compra de botellones de agua potable y al uso de la pocera estimando un costo mensual de $ 50.000. "Al agua hay que valorarla y el subsidio del estado debe ser equilibrado porque en los últimos años, el subsidio de la tarifa benefició a los sectores más pudientes de la sociedad que viven en zonas servidas por ASSA", remató.
Deudas
Paredes se quejó de no tener la lista de municipios y comunas que adeuden a ASSA. El socialista Farías dijo que la lista estaba, pidió disculpas si no fue distribuida en la comisión y se encargó de hacerla llegar a los diferentes bloques.
El listado incluye 49 municipios y comunas con una deuda a junio superior a los $ 144 millones encabezado por el municipio de San Genaro, dpto San Jerónimo. En el recinto, Farías dijo que el compromiso del Ejecutivo no era desfinanciar a municipios y comunas con la quita de coparticipación. En el caso de San Genaro, son dos cooperativas las prestadoras del servicio y reciben el agua desde el acueducto centro siendo el municipio corresponsable de la deuda.
Pasillo
Tras la discusión en el recinto, Omar Perotti y Rubén Galassi se encontraron en el hall de Legislatura y se quedaron hablando un largo rato sobre la situación de ASSA. El socialista había cuestionado la falta de inversión de acueductos en los dos últimos años de la gestión del socialista y la decisión de subir tarifas muy por debajo de la inflación. El ex gobernador le recordó que en los últimos meses de su gestión el Ejecutivo debió invertir cifras millonarias para potabilizar el agua debido a la histórica bajante del Paraná más el cierre de importaciones que tornaron sumamente dificultosa la prestación del servicio.
