Leyes de seguridad: jueces reclaman "una discusión seria"

Magistrados y defensores de la provincia plantearon públicamente sus reparos ante la celeridad con la que intentan ser sancionadas una serie de reformas al sistema judicial y de seguridad en Santa Fe. También hizo llegar sus puntos de vista al gobierno la Asociación de Fiscales. Se trata del paquete con once iniciativas que remitiera la semana pasada el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Apenas dos horas después, cuatro de esos mensajes ya eran convertidos en ley. El resto se discuten por estos días y motivan una serie de encuentros en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Las normas votadas –Emergencia en Seguridad, Gastos Reservados, Narcomenudeo y Ley Orgánica del Servicio Penitenciario- ya habían sido desmenuzadas y debatidas, incluso, en períodos anteriores. De allí, que su tratamiento casi exprés fuera comprensible y hasta justificado. Pero entre las restantes se encuentran modificaciones de fondo a leyes estructurales como el Código Procesal Penal, y el funcionamiento del Ministerio Público tanto de la Acusación como de la Defensa.

Sobre la base de ello es que jueces y defensores reclamaron un "debate abierto" con participación de todos los actores involucrados.

El planteo

El Colegio de Magistrados consideró "positiva la promoción de medidas que tiendan a mejorar el servicio de justicia", pero advirtió que reformas significativas tanto en el fuero penal como en todo el sistema de justicia "merecen un marco de debate y reflexión acorde al impacto que dichas medidas pueden ocasionar". Por ello, los jueces consideraron necesario "generar una discusión seria y que permita la real y efectiva participación de todos los actores y operadores alcanzados por las citadas reformas".

Alertaron, asimismo, que "la velocidad del trámite parlamentario no es indicador de prontas respuestas a las demandas de la población; por el contrario –sostuvieron- para mejorar el servicio de justicia se requiere un amplio consenso de los actores intervinientes". "En un sistema democrático –manifestaron- no debe perderse de vista que las únicas normas de acción legítima son aquellas que surgen de un proceso deliberativo donde esté asegurada la participación de todos aquellos que resulten alcanzados por las decisiones que se pretenden adoptar". Aclararon, por último, que "no se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que conllevan altos costos institucionales y resultados no esperados (…). Ninguna reforma judicial puede ser exitosa, si no parte de un marco de respeto a la independencia judicial como exigencia ineludible del sistema republicano de gobierno", concluyeron.
 

Defensores

Desde Rosario, el Defensor Regional y defensores públicos de esa circunscripción enviaron nota a los legisladores para plantear su "preocupación" ante algunos aspectos del proyecto de ley que pretende modificar dicho instituto. Apuntaron a un "debilitamiento de la institución" a partir de "la reducción del cuerpo de defensores", y de la "tercerización del servicio de la defensa penal". Plantearon que se propone una "privatización" del servicio, cuando se sabe que "el 90% de los usuarios de ese sistema no tiene capacidad para pagar honorarios". Aclararon que comparten la idea de prestadores privados para descomprimir el sistema, pero sostuvieron que ello debe estar debidamente reglamentado.

Deliberación

Mientras tanto, la Legislatura se encuentra casi en un estado de sesión permanente con reuniones que se sucederán en las próximas horas. Como informara El Litoral, ya cuentan con pedido de preferencia para este jueves en Diputados los proyectos para una Ley de Inteligencia en la provincia y cambios a la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, es intención del Poder Ejecutivo poder avanzar también con la reforma al Ministerio Público de la Acusación. Es por ello que en la tarde de este miércoles –según pudo confirmar este medio- se prevé una primera reunión entre el ministro de Gobierno Fabián Bastía con diputados oficialistas, para dar continuidad a otra entre el funcionario y los legisladores junto a la actual Fiscal General, María Cecilia Vranicich; y el Auditor General, Leandro Mai. Vranicich tiene previsto antes, en Legislatura, otro encuentro con los senadores del Partido Justicialista.