Movimientos feministas denuncian una connivencia político – judicial y graves «abusos de poder» en el norte  

Los coletazos del polémico caso Galaz pusieron en alerta al colectivo. Con múltiples apoyos, manifestaron: «Basta de encubrimiento a violentos y pedófilos». Demandaron el juicio político al fiscal interviniente y señalaron vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de «garantizar la impunidad». Norte 24 habló a Gabriela Sosa y Mariana Meza, de MuMaLá.

Gustavo Capeletti – Hagar Blau Makaroff

«En el norte santafesino es larga la lista de funcionarios acusados de abuso, pedofilia, violaciones, violencias contra las mujeres y las infancias relacionados al poder político enquistado hace décadas en el departamento General Obligado», dispararon, a quemarropa, movimientos feministas con anclaje territorial en la región.

La grave aseveración sostenida por quienes integran asociaciones y entidades comprometidas con la lucha contra la violencia de género en todas sus aristas es el correlato de situaciones harto polémicas que en el último tiempo tuvieron a funcionarios públicos como protagonistas de presuntas afrentas y delitos en perjuicio de mujeres norteñas.

Con las esquirlas por el encandaloso trámite del caso Galaz todavía diseminadas en el aire, integrantes del colectivo feminista plantaron bandera y enarbolaron las consignas: «Norte santafesino, basta de abusos de poder, basta de impunidad, basta de violentos en el Estado. Necesitamos un Estado transparente, libre de corrupción».

En una declaración pública dada a conocer a través de redes sociales, advirtieron que «ante el escándalo provocado por el entramado de encubrimiento, aprietes, revictimización y abusos de poder por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado del norte santafesino, las feministas estamos en alerta y movilización».

Puntualmente, en el caso Galaz -ex funcionario y secretario privado del entonces intendente de Avellaneda y actual senador nacional Dionisio Scarpin- acusado de abuso sexual agravado «se pusieron en funcionamiento vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de garantizar la impunidad», denunciaron.

En tono grave, las organizaciones firmantes del comunicado conjunto exigieron la identificación, vía investigación exhaustiva e independiente, de funcionarios que «intentaron encubrir, o lo hicieron, a agresores sexuales», y se expidieron por el juicio político y apartamiento de la causa Galaz del fiscal Aldo Gerosa, hoy en el ojo de la tormenta por su actuación judicial que le podría valer la destitución.

«Tanta impunidad»

Asimismo, recogieron los dichos de la víctima del caso en cuestión -que reveló haber sido revictimizada por el fiscal mencionado, que además es titular de la dependencia Género y Violencia Familiar de la Unidad Fiscal Reconquista- y, en consecuencia, recabaron informes elaborados por las áreas intervinientes sobre la aplicación del protocolo para el acompañamiento de víctimas de abuso sexual, y reivindicaron la necesidad de perspectiva de género en el abordaje de las situaciones de violencia de género y aplicación efectiva de la ley Micaela.

Estadísticamente, citaron datos del Observatorio Nacional «Mujeres, Disidencias, Derechos» de Mumalá, que reflejó que desde enero a abril del 2023 sólo el 17 % de las mujeres víctimas de femicidios habían realizado denuncias: «Las prácticas estatales revictimizantes, los abusos de poder que presionan a quienes sufrieron violencias machistas, buscan directa o indirectamente desalentar las denuncias».

«Innumerables casos salen a la luz porque tomamos conocimiento desde las propias víctimas, que frente a la indignación recurren a las organizaciones feministas que trabajamos en territorio para no sentirse solas frente a tanta impunidad», sacaron a la luz, para significar el escarnio, la vergüenza y el abandono que la sociedad patriarcal impone a las mujeres víctimas.

En el final del descargo público, las agrupaciones hicieron referencia a que «en el municipio de Reconquista, en lo que va del año, fueron denunciados por abuso sexual dos funcionarios políticos de la gestión actual, uno a cargo de una jefatura de área de Gobierno y otro a cargo del área de Asesoramiento Legal».

Audios

Mariana Meza es referente de MuMaLá en el norte provincial, y consultada por Norte24 recordó el trascendido de un audio en que el, supuestamente, el senador departamental Orfilio Marcón «pidió al fiscal Gerosa convencer del abreviado con 6 millones de pesos para que se termine el asunto y no perjudique a su campaña de cara a las próximas elecciones, a cambio de conseguirle un cargo de juez. No pararemos hasta que haya una justicia con perspectiva de género para terminar con la impunidad».

Gabriela Sosa, referente nacional de MuMaLá, destacó por su parte que el reclamo de las organizaciones se centra en mejorar «este Poder Judicial encubridor y en la Legislatura los funcionarios que presionan, como Marcón, de quien se conocieron audios preguntando al fiscal Gerosa por la causa, para que baje la sentencia. Entendemos que se definía el ascenso de Gerosa a juez, y que en ese marco llevó el caso a juicio abreviado».

En la actualidad el juicio contra Galaz en cuestión se encuentra paralizado, ya que el juez de la causa, Santiago Banegas, decidió inhibirse antes de homologar el convenio de partes por el cual se acordó el juicio abreviado. Aunque Galaz goza de prisión domiciliaria actualmente y ya pagó la indemnización a la víctima.

Meza explicó que esta situación es general en el departamento General Obligado.»Pero en los últimos años afortunadamente las organizaciones feministas y de derechos humanos tejimos redes más fuertes, y es por eso que ahora las personas que fueron violentadas también se animan a denunciar los abusos», analizó.

Tras poner el foco en «la connivencia del poder político con el judicial», dijo que «si bien sabemos que es histórico no concebimos la impunidad con la que aún se manejan, que pretenden reducir sentencias o terminar rápidamente un proceso judicial porque los poderosos quieren no quedar pegados para las elecciones».

Pedido de explicaciones

Lo ocurrido en Avellaneda «tanto el caso de abuso del asesor de Scarpin, Galaz, como el posterior intento de acuerdo abreviado por parte del sin siquiera notificar a la víctima fue gravísimo. Entendemos que él solamente buscaba llegar al puesto en un juzgado, sin importarle revictimizar a la víctima, respondiendo al senador como si fuese patrón de estancia».

Recordó que inclusive el senador Marcón se acercó a una de las audiencias en el caso Galaz. Algo que el diputado Flavio Palo Oliver destacó en un pedido de informes elevado hace una semana a la Auditoría General de Gestión del MPA, donde reclamó «la explicación pública del senador respecto de los motivos de su presencia en tribunales lejos de despejar dudas incrementó los motivos de sospecha de muchos, en especial de la víctima y su entorno».

A su vez, en torno a las denuncias de abuso en la Municipalidad de Reconquista, la dirigente consideró como «grave que el asesor legal, justamente que ha defendido casos de abusos, sea denunciado por eso mismo, y también sabemos del poder que tiene el jefe de Tránsito denunciado, que pedía favores sexuales a cambio de puestos a las inspectoras.

Sosa precisó que se «buscó tapar primero el asunto de Galaz, y este año vimos cómo por otro lado, en Reconquista también hay ocultamientos y recién ahora se conocieron estas denuncias de abuso de dos funcionarios. Sabemos que detrás de todos estos casos hay un gran poder económico, son ciudades muy relacionadas con los negocios del campo y Vicentin, y por eso los empleados históricamente no han denunciado estas cuestiones».

Apoyos

Entre las numerosas firmas adherentes al documento difundidose encuentran las de Gabriela Sosa, directora Ejecutiva Mesa Nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); María José Zochi, coordinadora Provincial MuMaLá; Mariana Meza, MuMaLá Regional Norte Reconquista; María José Monzón, Mumalá y Libres del Sur, de Avellaneda; Libres y Diverses Santa Fe, Sebastián Monzón, Rosario; Mujeres de Negro, Rosario; Asociación Civil «Palabras», Santa Fe; El Reino del revés, Monte Vera; La Compañía Teatral, Reconquista; Colectiva Feminista Savia, Reconquista; Mesa por mí, todas y todes, Avellaneda; Secretaría de Géneros y Diversidad Siprus, Santa Fe; Multisectorial de Mujeres, Santa Fe; Mujeres de Bases, Partido Socialista Santa Fe; Foro Reconquista Alcemos la voz; Colegio Prof. de Asistentes Sociales, Santa Fe; Multi Palabras, Santa Fe; María Eugenia Regué, Coronda; Ampliando Derechos, Rosario; Red de Mujeres Sudoeste, Rosario; Asociación Civil de Mujeres Resilientes (ADEMUR), Rosario; Indeso Mujer, Rosario; Comité feminista, Rosario; Mujeres en movimiento por la igualdad de género, Avellaneda; Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Rosario; Mujeres y Disidencias, Funes; Acción Educativa, Santa Fe, etc.

Un cuestionamiento de Diputados a Senadores

En una misiva elevada al MPA y a la Cámara de Senadores, el diputado provincial Palo Oliver enumeró los asuntos en relación al caso Galaz: «Resulta necesario que el MPA a través de sus órganos analice y se expida sobre las conversaciones reconocidas públicamente por el fiscal Aldo Gerosa y el senador Orfilio Marcón. Se pone de resalto que los protagonistas (Gerosa y Marcón) se han extralimitado y que el contenido de su conversación, en el contexto denunciado, atenta contra el correcto funcionamiento de los poderes del Estado y de sus instituciones».

Y luego, continuó: «Es inmoral que un funcionario judicial acuda a un legislador por fuera de los canales institucionales para discutir sobre los concursos en los que participe. Es aún más inmoral que en la misma conversación un legislador consulte sobre una causa penal en la que interviene el mismo funcionario».

Entonces recordó, una vez conocida la noticia sobre que la Comisión de Acuerdos abordará el desempeño del fiscal Gerosa en base un demoledor informe de la Auditoría del MPA, que «en una entrevista radial, el senador Marcón ha justificado su consulta al fiscal Gerosa respecto de la posibilidad de un acuerdo que favorezca a Galaz en la sospecha de parte de la sociedad de Reconquista y Avellaneda de su injerencia en la causa en beneficio del acusado y en claro perjuicio de la víctima. Claramente no comprende el alcance de sus actos», para luego sentenciar: «Es necesario que la Cámara de Senadores también analice este pedido y determine si la conducta del senador Marcón se encuentra o no dentro del marco normativo».