Obra pública en Santa Fe: el gobierno difiere pagos y pide a las empresas que no despidan

Serán a noventa días, con el compromiso de abreviar los plazos, si la situación económica se revierte. El gobierno garantiza los desembolsos pero en esas condiciones, y promete no paralizar los trabajos. A cambio, exige que se preserven los puestos de empleo.

Por Ivana Fux

En un contexto de caída de la recaudación propia y merma de los recursos nacionales más inflación, el gobierno provincial admitió que renegocia los plazos de pago con las contratistas. Habrá un diferimiento y se pagarán las obras a noventa días. «Se van a extender los plazos producto de la situación», confirmó el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Pusineri, aunque a renglón seguido aclaró que aun en estas condiciones, el panorama difiere del que habían heredado hace tres años y medio. «Cuando asumimos, había deudas de seis meses», recordó.

En rigor, y de acuerdo con lo planteado a El Litoral desde el Ministerio de Infraestructura, los empresarios deben interpretar a partir de la decisión comunicada por Pusineri, que ningún pago se va a dilatar «más allá de los noventa días». Según precisaron desde la cartera, la situación sigue implicando un análisis «obra por obra», para determinar si se detienen, ralentizan o se mantienen a ritmo normal. Las hídricas, por ejemplo, deberían continuar. También es dispar la situación según el área de la que dependa cada proyecto; Viviendas e Infraestructuras adeudan desde marzo, en tanto que Vialidad mantiene compromisos no saldados en algunos casos hasta desde enero.

Ritmo de obra

Pusineri admitió que la citada reprogramación de pagos «puede lógicamente influir en el ritmo de la obra pública, pero lo que cuenta es lo que lo podamos hacer sin que se produzcan despidos ni suspensiones; manteniendo todas las instancias de diálogo con los empleadores, con los representantes de los de los trabajadores y sabiendo que la provincia va a cumplir», expresó. Y volvió a contraponer la situación actual con la «heredada» a partir del 10 de diciembre de 2019. «Cuando asumimos la gestión de gobierno, había una deuda importantísima en materia de obra pública; los certificados no se pagaban desde junio. Y nosotros no sólo pusimos al día los pagos o negociamos esas deudas con los empresarios, sino que cuando empezamos nuestro programa de obra pública, pagamos certificados a 30, 40 y 45 días. Hoy vamos a extender ese plazo, producto de la situación; vamos a llevar el pago de los certificados aproximadamente a noventa días y a partir de allí, en la medida en la que mejore la recaudación, también vamos a mejorar el perfil de los pagos», prometió.

El funcionario admitió que «en algunos casos puede haber conflictos o situaciones referidas a empresas puntuales, pero le vamos a dar tratamiento a cada una de esas situaciones en particular», sostuvo. En Santa Fe y alrededores, de hecho, la UOCRA ya contabiliza entre 120 y 130 trabajadores despedidos.

– ¿Van a solicitar a las empresas una suerte de compromiso de no despidos? – consultó el El Litoral-

– Me parece que estamos en condiciones de tener un intercambio de este tipo. Nosotros damos la certidumbre de que vamos a mantener la obra y de que vamos a pagar; y nos parece que en este momento que es más complicado, debemos preservar la fuente de trabajo. Vamos a pedir ese compromiso a las empresas. También vamos a dialogar con el gremio, porque muchas veces esos compromisos implican trabajar alternativas. Hay alternativas – insistió- que no signifiquen la desvinculación de los de los trabajadores. En algunos momentos se concertaban suspensiones con pago de remuneración o de compensación. Son posibilidades que facilita el derecho laboral para poder llegar a un entendimiento. Los pagos se van a hacer, la obra pública se va a mantener, y en la medida en que mejore la situación económica, también se va a mejorar el perfil de los pagos a los contratistas de obra pública.