Pensión para reparar los abusos sufridos por travestis y trans santafesinos en la etapa democrática

Es el período diciembre de 1983 a junio de 2010 cuando se derogó el artículo del Código de Faltas que facultaba a la policía a detener la vía pública por motivos de identidad de género. El beneficio sería tramitado ante la Caja 5110. También gozarán de los servicios de la obra social provincial.

Por Mario Cáffaro

Las barras colmadas por travestis y trans festejó durante largos minutos la aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que apunta a que Estado santafesino repare «las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Santa Fe contra integrantes» de esa comunidad. Hubo festejos previos y posteriores en la explanada de la Legislatura donde se concentraron desde poco después del mediodía.

Se trata de un proyecto de ley impulsado por Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) que llegó al recinto con los dictámenes de cuatro comisiones a los que había sido girado el expediente. «Venimos a reparar el atropello cometido en democracia» resaltó la autora que fue seguida de exposiciones de varios bloques que respaldaron el dictamen. En cambio, la bancada de la UCR, PDP y Coalición Cívica optaron por la abstención y desde los bloques celestes hubo votación en contra del proyecto. 28 votos a favor, 10 abstenciones y 6 rechazos marcó el tablero electrónico en una segunda votación tras alguna falla en el primer intento.

«Otórguese una pensión mensual no contributiva con carácter vitalicio a toda persona travesti-trans que acredite que, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos en su identidad de género. El monto a percibir es el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia», señala el artículo primero de la norma girada en revisión al Senado.

El derecho para obtener el beneficio es imprescriptible y el trámite lo deberán realizar ante la Caja de Pensiones Sociales, Ley 5110. Entre los requisitos para el otorgamiento, el texto votado prevé documento que acredite de manera fehaciente el registro de detenciones y privaciones de la libertad alegadas; testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente; datos prontuariales obrantes en la Policía de la Provincia de Santa Fe, fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario, fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria o artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; o, historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.

Se dispone que en caso de muerte de la persona beneficiaria titular, son acreedores del beneficio el cónyuge; conviviente; o los hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad. También el proyecto garantiza para las personas beneficiarias y su grupo familiar la cobertura médico asistencial integral que brinda el IAPOS.

Fue Bruera la encargada de fundamentar las razones del proyecto. «Las sobrevivientes travestís trans, a través de sus testimonios y con sus prontuarios policiales como prueba documental, dan cuenta de las detenciones sistemáticas que han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad con motivo de su identidad de género, utilizando el Estado el viejo Código de Faltas para la represión y la persecución política de sus cuerpos y sus identidades, penando con arrestos sistemáticos la «ofensa al pudor» , la «prostitución escandalosa» y el travestismo», remarcó. «Olé, olé, olé, al calabozo no volvemos nunca más» coreaban desde la barra tras la exposición de la autora del proyecto.

Le siguieron la socialista Lionella Cattalini afirmando que es un orgullo reparar una historia de violencia del Estado para detenerse luego en las sucesivas leyes que impulsó su partido en la historia parlamentaria. Desde el justicialismo, primero Lucila De Ponti y luego Leandro Busatto dieron el aval. «Pido perdón en nombre del estado santafesino» señaló el segundo esperando «que sea ley, justa. Avancemos». Agustina Donnet (Igualdad) saludo la lucha del colectivo por llevar el tema al recinto y Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) afirmó que se debe reparar porque hubo vulneración de derechos. «Hay que reparar y consagrar nuevos derechos» subrayó. Mónica Peralta (Gen) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) completaron las exposiciones favorables. Fabián Bastía pidió el permiso del bloque radical para abstenerse al igual que Betina Florito (Encuentro Republicano Federal). Sobre el final, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) subrayó que su sector no comparte el diagnóstico ni la solución. «El proyecto viola el principio de igualdad ante la ley. Si hay que reparar debe hacerse por las leyes vigentes, no por leyes especiales».

Tras la votación, desde la barra hubo insultos de varios de los integrantes hacia Amalia Granata quien se vio votó en contra no había hablado en toda la discusión.

Armas

Finalmente, la Legislatura sancionó la inclusión de un nuevo ítem en el artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincial al incluir entre las causas de peligrosidad procesal «la tenencia y la portación de armas de fuego, así como el uso de armas de fuego, por uno o algunos de los imputados durante la ejecución del hecho delictivo o con posterioridad para asegurar sus resultados».

La reforma motivó cinco votaciones -las máximas permitidas por la Constitución- debido a que las dos cámaras no tuvieron acuerdo sobre el texto. Finalmente, ayer en el recinto, Oscar Martínez (Frente Renovador) valoró el aporte del colectivo de víctimas y familiares que pugnaron por llegar a esta sanción y dijo esperar que el Poder Ejecutivo promulgue el texto en las próximas horas.

Veto

La Cámara de Diputados resolvió pasar a comisión y tratar preferencialmente en la próxima sesión el veto con texto alternativo presentado por el Poder Ejecutivo a una ley que regula la adjudicación de obras públicas para cooperativas de trabajadores. La norma fue sancionada a instancias del senador Ricardo Cornaglia (PJ – Belgrano) aunque Diputados votó un texto diferente que no tuvo acompañamiento de la Cámara Alta que impuso su criterio.

Ayer, el Senado -sobre tablas- aceptó el veto y la nueva redacción de la ley. En Diputados, se dio ingreso al expediente y el socialista Joaquín Blanco pidió el tratamiento sobre tablas al igual que Lucila De Ponti (Evita). No obstante, el bloque radical a instancias de Georgina Orciani y Fabián Bastia pidió precisiones y leer el expediente. Enseguida se sumó Gabriel Real y primó la decisión de analizarlo en comisiones. Blanco les recordó que se debe votar a favor o en contra, no hay posibilidades de reformarlos.