Plantean trabajo obligatorio en las cárceles de Santa Fe
La norma propone «un cambio de paradigma» al establecer tanto el derecho como «el deber» de ceder su fuerza de trabajo y «sin derecho a la sindicalización». Entiende que se mejorará la seguridad mediante la reinserción social. Y que inevitablemente habrá más presos si mejora la persecución del delito, con el consiguiente costo para el Estado.
Por Luis Rodrigo
El Senado provincial puede otra vez ser el ámbito de una discusión de fondo respecto de qué se espera de un aspecto clave para la seguridad en Santa Fe: el funcionamiento del Servicio Penitenciario y de sus 10 unidades, que hoy alojan a unas 10 mil personas, de las que apenas trabaja menos del 5%.
Lisandro Enrico, el senador radical que plantea un «cambio profundo de paradigma», piensa que ese número impactante es sin embargo bajo. Porque lo compara con el número de habitantes de la provincia y cruza datos estadísticos, pero sobre todo lo sostiene a la luz del drama de la inseguridad en las áreas más densamente pobladas. Si triunfan políticas de seguridad en el futuro habrá necesariamente más presos, razona.
El texto parte de no aceptar que los reclusos tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos. Abiertamente sostiene que tras las rejas no puede haber ninguna forma de sindicalización, y que el trabajo en las cárceles debe tanto ser un derecho «como un deber».
Se apunta a que la cárcel pueda ser el ámbito de recuperación y reinserción social de las personas privadas de la libertad en los fundamentos, criterio que fue respaldado -en el recinto- por uno de los senadores que aceptó agregar su firma a la iniciativa de Enrico. El senador por Vera, Hugo Sosa (PJ-Nes), dijo que en la unidad penitenciaria de Santa Felicia, donde la enorme mayoría trabaja en el área rural de que disponen esas instalaciones, es marcadamente baja la reincidencia de los delincuentes que debieron allí cumplir su pena. (En general no son presos considerados peligrosos).
Insistencia
Enrico ya probó en otra oportunidad una reforma similar pero perdió estado parlamentario y ahora reclama reavivar el debate. La Ley Provincial de Trabajo y Capacitación Laboral en las Cárceles tiene 56 artículos ordenados en 7 capítulos: Trabajo y capacitación laboral, Tareas productivas realizadas en el marco de convenios de trabajo con instituciones y empresas privadas, Estímulos y sanciones, Equipos interdisciplinarios de trabajo, Programa de inversión carcelaria, observatorio del trabajo en cárceles y Educación para el trabajo.
En su intervención, al presentar el proyecto de ley que ingresó a la Cámara alta y pasó a comisiones, explicó que la libertad condicional debe ser el estímulo más importante para que los presos acepten trabajar sin una remuneración. Y dispone que aquellos internos que se nieguen a trabajar no tengan derecho a un régimen de ese tipo. Mientras que los que sí se esfuercen gozarán de un mayor puntaje para acceder a esos beneficios en pos de su recuperación.
En los fundamentos indica que de los 9.900 presos en unidades santafesinas, solo 465 realizan algún tipo de labor. «El 54% ingresa a la cárcel con el primario incompleto, el 80% estaba desocupado al momento de ingresar y el 89% no tenía ni oficio ni profesión. Lo expuesto nos convoca a dejar de ser indiferentes ante esta realidad y aunar esfuerzos de todos los actores de la sociedad» para ocuparse de una realidad «insostenible» en «un sistema colapsado».
Enrico pide admitir que no hay resocialización posible «cuando no se les está dando ninguna herramienta nueva o distinta para tener a la hora de salir en libertad» a los reclusos. «De hecho, hay quienes afirman que las actuales condiciones de detención no se hace otra cosa que agravar la situación y el estado de estas personas».
Observatorio
El texto destaca que el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias debe ser fortalecido y creado un Observatorio de Trabajo en Cárceles que cuide las condiciones laborales y de formación en las unidades penitenciarias
«Es imperioso –sostiene en los fundamentos Enrico- concientizar a quienes están privados de su libertad sobre el daño que se causaron a sí mismos, a la víctima y a la sociedad en su conjunto, y entender que a nadie le sirve que se siga encerrando gente que genera un gasto inmenso para el Estado. Necesitamos fortalecer nuestro sistema penal, y esta ley contribuye a hacerlo. Llevar una vida ocupada dentro de las cárceles, capacitarse en oficios, instruirse y terminar la primaria o comenzar nuevos estudios, se presentan como oportunidades para disminuir los altísimos índices de reincidencia que presenta nuestra provincia y como herramientas muy valiosas para que los reclusos puedan llevar adelante, una vez adquirida la libertad, una vida autosuficiente e independiente».
