Polémica por el nivel de inversión de la EPE
La empresa admite que en 2022 debió rescindir contratos de obras por 616,4 millones (por sobre 6.550 previstos), aunque sostiene que está en su nivel más alto desde 2018. La oposición cuestiona esas cifras y duda que logre cuadruplicarlas en 2023, según el pedido de aumento presentado.
Por Luis Rodrigo
La audiencia pública convocada por el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat para discutir las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía dejó planteado un interesante debate sobre el nivel de inversiones realizadas por la compañía en 2022 y por las previstas para 2023.
La ausencia de un ente de control en el sector eléctrico provincial (a diferencia de lo que ocurre con los servicios sanitarios) deja abiertos los interrogantes al respecto, porque cada parte presenta los datos bajo su punto de vista.
Así, unos minutos después de la celebración de la audiencia el presidente del Directorio de la Epe, Mauricio Caussi dijo a la prensa que está en «su nivel histórico más alto» el nivel de inversiones. Pareció responder a las duras críticas que desde la oposición le formularon a la gestión tres mujeres: las diputadas Clara García del socialismo y Agustina Donnet de Participación e Igualdad; y la ex secretaria de la Energía del último gobierno del Frente Progresista, Verónica Geese.
El tema no fue obviado en la exposición técnica que realizó el gerente ejecutivo de la empresa Jorge Tarchini. Buena parte de su intervención buscó demostrar que se habían cumplido sino todos, casi todos los objetivos ordenados por la Casa Gris, con la firma de la ministra Silvina Frana cuando el año pasado le autorizó a la distribuidora una «actualización tarifaria» (1), que ahora se vuelve a reclamar.
En el caso de la meta de inversión hubo una suerte de autocrítica o al menos el expositor de la distribuidora admitió que hubo «problemas con la macroeconomía nacional e internacional», una obligada «redeterminación de precios» y particularmente en la realidad santafesina con proveedores habituales: «empresas pyme que sufrieron dificultades» durante 2022.
En concreto, señaló que la Epe debió rescindir contratos por obras y trabajos por 616,4 millones. Y también que se debieron renegociar contratos de compras de materiales y equipos por otros 731,9 millones. Ambas dificultades, expuestas en color rojo en los gráficos de la Epe, comprometen más de una quinta parte del total comprometido el año pasado, de 6.550 millones.
El informe muestra que se ejecutó el 77,5% de lo planeado (la cifra más alta de 2018 en adelante), y que pese a los costos dolarizados de parte de los insumos eléctricos se pudo comprar casi todo lo previsto: 95,5%; pero también que se pudo hacer apenas parte de lo que se había diseñado, sólo el 66,9%, producto de los contratos rescindidos mencionados en materia de trabajos tercerizados.
Previsiones y cuestionamientos
El gerente dijo que porque la empresa se ató a la previsión inflacionaria del Presupuesto Nacional, el monto total previsto en la Ley de Presupuesto 2023 de Santa Fe es de 9 mil millones para 2023, aunque la realidad (dos meses después) ya indica que se necesitarán no menos de 14 mil millones para poder llevar a cabo el plan de trabajos previstos.
El ítem inversiones futuras fue una de las críticas neurálgicas de la diputada García. Advirtió que cuesta creer que se pueda «cuadruplicar e incluso más» el ritmo de los trabajos de 2022 al corriente, si se tiene en cuenta lo realmente ejecutado hasta aquí. Recordó que «la meta de inversión de 21 mil millones», planteada al inicio de la gestión, «hasta ahora no ha sido cumplida».
Además, la diputada socialista señaló: «La página de transparencia de la Epe está atrasada, tiene datos a septiembre de 2022 y están sin respuestas 6 pedidos de informes aprobados por unanimidad en la Cámara». Reclamó el debido «respeto institucional» como presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de los diputados provinciales.
Para desmentir el informe oficial sobre los inconvenientes del servicio mencionó que hoy son públicas las quejas por «los golpes de energía a vecinos de Vera que les destruyeron electrodomésticos, de una cooperativa de agua potable del Departamento Iriondo a la que le quemaron tres motores, de industriales de Venado Tuerto y los productores de todo el departamento General López que necesitan más potencia» y remató: «la gente necesita mejoras».
Diciembre
Antes, Geese había advertido que en el sector eléctrico son lentos los procesos para la recuperación de la inversión y sostuvo que buena parte de lo que la infraestructura de la Epe hoy soporta (ante el record de la demanda) se debe a «lo hecho por las gestiones anteriores». Con el mismo razonamiento mostró su «preocupación» por la empresa que encontrará «el 11 de diciembre» el próximo gobierno.
Lamentó que se haya «optado por una gestión que ha hecho una empresa más centralizada». Habló de una «flexibilidad perdida, con menos posibilidades de decisión en los territorios, y en las sucursales para dar respuestas a los usuarios».
Opinó que «hay una gran diferencia de modelo de gestión» y que hoy «se concentra el poder en unas pocas personas, con más influencia de las decisiones políticas y menos de los cuadros técnicos». Culpó a ese modelo de «la menor capacidad de respuesta al usuario y una menor cantidad de obras». Afirmó que «recuperar la empresa significará un enorme esfuerzo».
Retraso normativo
Agustina Donnet celebró que no haya sido citada la audiencia pública en los primeros días de enero, «como hicieron el año pasado» lo que hizo «mermar la participación». Reclamó el carácter «vinculante» de esa instancia hoy consultiva y dijo que Santa Fe debería ya tener una ley actualizada para un marco regulatorio que «reconozca como un derecho humano» el acceso a la energía y que garantice que la distribución siga en manos del Estado, así como la creación de un ente de control independiente.
Señaló que «la Epe hoy parece apuntar más a la recaudación que a la prestación de un servicio de calidad» y subrayó que en una provincia con los recursos de Santa Fe «la inversión no puede caer», ni quedar presa de las tarifas. Dijo que «la competitividad y la recuperación económica del sistema productivo de la provincia necesita más de la Epe».
«Si el servicio eléctrico depende solamente del aumento tarifario es bochornoso», destacó.
(1) La Resolución 80 de 2022 fijó además de una escala de aumentos durante el año una suerte de «cláusula gatillo» vinculada a la inflación que se hizo efectiva. Pero también le fijó objetivos a cumplir a la compañía estatal.
