Preocupación opositora en Diputados por las políticas de niñez, infancia y adolescencia
Ya son varios los pedidos de informes presentados sobre la materia haciéndose eco de denuncias de colegios profesionales y de entidades.
Por Mario Cáffaro
La diputada socialista Giselle Mahmud ingresó sendas iniciativas mostrando preocupación por las políticas y los presupuestos destinados por la gestión provincial a las políticas de niñez, infancia y adolescencia, entre ellos el pedido para llevar al recinto al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. El otro proyecto apunta a solicitar la derogación del decreto 2737/2022 que modificó parcialmente otro decreto, el Nº 0619 del 30 de abril de 2010, por el cual se reglamentó la Ley Nº 12967 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Ya son varios los pedidos de informes presentados sobre la materia por la socialista haciéndose eco de denuncias de colegios profesionales y de entidades que trabajan con infancias. «Hemos recibido durante varios meses denuncias sobre la actuación de la Secretaría de Niñez. Por qué existen partidas tan paupérrimas que dejaron a varios Centros de Acción Familiar sin presupuesto para comidas o para el pago de alquileres de los locales donde funcionan» se pregunta la legisladora. «Hay medidas excepcionales que no se toman por falta de lugares de alojamientos a menores y hay dificultades para articular políticas con municipios y comunas. Esa escasez de recursos impide la contratación de profesionales», acotó. También marcó que en diciembre último, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (2737) que es cuestionado por colegios profesionales, organismos mientras que la Defensoría del Pueblo ha solicitado su derogación. «Fue un decreto inconsulto, va contra las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, desconoce la ley de Salud Mental y cede atribuciones que sólo son de la Secretaría de Niñez a municipios y comunas. Hay retrocesos en el paradigma de infancias y de seguir en vigencia dejará a Santa Fe en una regresión en materia de protección de derechos. El ministro y la secretaria de Niñez deberían dar explicaciones públicas porque hay menores expuestos en la provincia a vulneraciones a un sistema que debe protegerlos y no lo está haciendo por error u omisión», señaló Mahmud a El Litoral.
El pedido de citación a Capitani al recinto -que debería ser votado por el pleno en mayo cuando vuelva a funcionar el cuerpo- tiene un temario de trece puntos, los primeros de los cuales apunta a temas presupuestarios, luego a la cantidad de niños, niñas y adolescentes con medidas excepcionales en toda la provincia de Santa Fe; cuántos fueron declarados en situación de adaptabilidad y cuántos fueron adoptados en los años 2021, 2022 y 2023; cantidad de plazas en centros residenciales, tanto propias como convenidas, que se disponen a los fines de alojar a niños/as bajo medida excepcional; menores alojados de manera transitoria así como la situación actual de los Centros de Acción Familiar, estado de ejecución de las obras emprendidas y si, a la fecha, existen deudas de alquileres. La otra parte del interrogatorio pasa por la relación con municipios y comunas sobre la materia y la política de trabajo orientada a la autonomía para el egreso de adolescentes por mayoría de edad.
Mahmud refiere a los distintos instrumentos legales que dejaron en manos de la Secretaria de Niñez la atención de servicios especializados por la situación de calle, maltrato, abuso, explotación, prostitución, consumo de sustancia, situación de riesgo penal, y cualquier otra que implique vulneración de derechos de menores.
A la hora de solicitar la derogación del decreto 2737, toma como antecedente la resolución 023 de febrero de este año de la Defensoría del Pueblo donde recomienda que toda reforma a la reglamentación de la ley de Niñez debe estar en consonancia con los principios de la convención de los derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y Ley Provincial 12967 así como articular con los servicios locales de Municipios y Comunas de la Provincia las formas de trabajo y la cooperación en base a los principios normativos del Sistema de Protección Integral.»
