Solicitan paralizar el proceso a una fiscal de Cañada de Gómez

La Sesión Conjunta de Senado y Diputados fue citada para el jueves, a las 13, para considerar la posible suspensión de la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano, investigada por incumplimiento en los deberes de funcionaria pública. En tanto, uno de los abogados defensores de la integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gustavo Feldman, insistió en reclamar la paralización del trámite debido al "estado de indefensión" en que se encuentra su defendida.

La suerte de Lescano terminará de definirse este miércoles cuando se reúna la Comisión de Acuerdos que preside la socialista Lionella Cattalini y que tiene, en principio, tres expedientes vinculados a otros tantos fiscales, como adelantó El Litoral la semana pasada.

Aldo Gerosa, suspendido fiscal de Reconquista, y Matías Edery son los otros dos expedientes en la agenda de trabajo de senadores y diputados que integran esa estratégica comisión. Acuerdos, que además de analizar las cualidades y calidades de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la justicia y otros organismos, tiene después de la reforma a las leyes orgánicas del MPA y del servicio provincial de la Defensa, el seguimiento de la conducta de fiscales y defensores tiene estos tres expedientes bajo análisis.

La Sesión Conjunta está convocada para disponer la posible suspensión de Lescano cuyo instrucción realizó la diputada radical Silvana Di Stéfano. No obstante, Feldman insistió en solicitar la paralización del proceso tanto en la sede legislativa como en la causa penal que tramita en Rosario. El letrado exhibe como fundamento a su pedido las certificaciones de médicos psiquiatras y psicólogos que dicen que Lescano "no puede ser sometida a proceso" .

Feldman le dijo a El Litoral que "la fiscal Lescano se encuentra en un estado de indefensión. En Rosario, 24 horas después de hecho el planteo ante la fiscal del caso, ésta ordenó la paralización del proceso". Se refiere el abogado a la fiscal Karina Bartocci quien el pasado 22 de septiembre paralizó el proceso de investigación a Lescano "en lo que hace a su estado psico-físico y su imposibilidad de defenderse", escribió en una resolución en letra cursiva. La paralización la ordenó "sin mengua de las diligencias que ésta fiscalía pueda realizar sin necesidad de la concurrencia o participación de la sindicada", agregó Bartocci.

Feldman informó a Norte24 que el cuerpo médico forense le dio a su defendida una licencia psiquiátrica por 60 días y ordenó además conformar una junta médica psiquiátrica. "La suspensión que quiere imponerle la Comisión de Acuerdos suena más a una pena anticipada que a una medida cautelar", acotó. Acuerdos deberá emitir dictamen y será el pleno de senadores y diputados los que deberán votar la decisión. Por último, el abogado critica la postura de los legisladores que se escudan en que esto es un juicio más político que jurídico. "El pretendido tinte político de estos procesos no puede implicar que el investigado resigne sus prerrogativas constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso legal", agregó.

La defensa de Lescano ya ingresó dos notas solicitando la paralización del trámite, la segunda después de la decisión de Bartocci. "Atento todo lo expuesto, tanto en el presente como en el escrito anteriormente presentado, se pone a esta Asamblea Legislativa en conocimiento de ello, y se acompaña copia del decreto referido, agregándose el mismo como documental fundante del pedido de paralización y suspensión de todo término que estuviera corriendo".

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando los legajos de investigaciones que llevaba adelante. Meses atrás, Lescano cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA aseguraba allí que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsaba.

Este jueves se resolverá si la Legislatura sigue adelante con la investigación, la suspende con algún recorte en los haberes o espera el avance del estado de salud como pide su defensor.

En el caso del suspendido Aldo Gerosa, fiscal de Reconquista, suspendido en el cargo, serán escuchados testigos por Acuerdos. La instructora de la causa, la diputada socialista Erica Hynes, aconsejó la destitución pero el tema no llegaría al recinto en la semana.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.