Un juicio oneroso para la Parroquia
El cura párroco Rolando González dio a conocer cómo se resolvió un litigio judicial en contra de la iglesia local. Fue a causa de un accidente de tránsito sucedido en el año 2011 y por no haberse realizado la transferencia de un automóvil vendido.
En su exposición, el padre Rolando comenzó haciendo una síntesis de la situación por la que está atraviesa la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad ocampense. «Es mi deber comunicar a toda la comunidad parroquial las decisiones que tomo y que involucran el aporte caritativo de los fieles para el mantenimiento del culto; a la vez que agradezco al Consejo Económico Parroquial su comprensión ante este desembolso. Quedo a disposición para las consultas que pudieran surgir, teniendo en mi poder todos los documentos de respaldo con respecto al siniestro que motivó el juicio.»
En ese sentido, mencionó que el 5 de mayo del año 2011, en Boulevard Sarmiento 1818 de la ciudad, se registró un accidente entre una moto y un vehículo Renault 1: «La motocicleta era guiada por Félix Martínez, llevando en ella a su pareja y una hija menor, con domicilio legal en la ciudad de Villa Ocampo».
Asimismo, recordó que el vehículo Renault 12 era conducido por Hernán Ramón Rodríguez, también domiciliado en la ciudad, y que había sido vendido por la Parroquia (sin transferir a la fecha del siniestro) y estuvo al servicio de Cáritas Parroquial hasta el año 2010, que fuera vendido por el Padre Miguel Zorzón, párroco de Villa Ocampo que desde julio de 2009 ejerció este ministerio hasta febrero de 2013.
«La fecha del siniestro fue el 5 de mayo de 2011. El vehículo tenía el título de dominio a nombre de la Parroquia a la fecha del siniestro; es decir, no había sido transferido a la fecha del accidente. Es difícil conocer hoy las razones del por qué no se transfirió inmediatamente; como así también por qué no se interpuso una defensa a las actuaciones en tiempo y forma. La transferencia del vehículo no se realizó sino hasta un mes posterior al siniestro», lamentó el presbítero.
Agregó que, ante las inconsistencias del juicio, Rodríguez decidió retirarse de la negociación y todas las actuaciones judiciales se dirigieron al titular del dominio, siendo la parte demandada la Parroquia. «Las personas afectadas por el siniestro son tres integrantes de la familia Martínez, que resultaron con lesiones, que son la parte demandante del proceso judicial desde 2011», precisó.
Negociación
Luego del siniestro, la abogada María del Mar Fantín, en representación de los afectados, inició en el año 2011 el juicio a la Parroquia mediante actuaciones al Obispado de Reconquista, pero «al no ejercerse el derecho a defensa, y vencido todos los plazos para interponerla, yo, siendo párroco al día de la fecha, decido iniciar las negociaciones para llegar a un acuerdo con la familia en cuestión y todo se realiza con audiencia ante la abogada quien recibe amplias facultades de la familia Martínez para las negociaciones», explicó.
A esa altura, el cura expresó su sorpresa por «constatar que uno de los miembros de la familia Martínez, tan allegados a la Iglesia y a los que se acompañó personalmente desde la fe durante tanto tiempo, pudiera plantear esta situación como oportunidad de obtener un ingreso económico». «Pero ejerce su derecho, y respetamos su decisión», aclaró.
«Evidentemente este convenio tiene un impacto negativo y notorio en nuestra contabilidad, y compromete en alguna medida los recursos para la evangelización», evaluó, y envió un mensaje a todos los grupos pastorales y comisiones de la Parroquia a los que animó a «saber escuchar al párroco cuando hablamos de responsabilidad compartida, cuidado y mantenimiento de lo que tenemos, obediencia a las sugerencias del seguro de responsabilidad civil y trabajo en conjunto de pastor y fieles. Hoy elevo una oración al cielo por intercesión de nuestra patrona la Inmaculada Virgen María, para que la justicia humana sea cada más reflejo de la justicia divina que esperamos brille para siempre».
Acuerdo y finalización del juicio
«Durante noviembre y diciembre del año 2022, como párroco he realizado las acciones pertinentes para llegar a un acuerdo con los demandantes, mediante firma de un convenio transaccional», informó, y dijo que ese acuerdo fue realizado el día viernes 30 de diciembre pasado, realizándose las actuaciones para dar por finalizado el juicio y acreditando el pago que debió realizar la Parroquia según se detalla a continuación: monto acordado por convenio (pago al Sr. Martínez) $ 250.000; honorarios Dra. Fantín $ 106.171,58; aportes s/honorarios (13%) $ 13.802,30; IVA s/regulación (21%) $ 22.296,03; total costas procesales: $ 142.269,91; escribana María Angélica Lovisa (certificación de dos firmas) $ 7.000; total abonado: $ 399.269.91.
«Este importe cancela todo rubro resarcitorio del reclamo interpuesto, gastos médicos y/o sanitarios por daños actuales y/o futuros, como así también honorarios profesionales», y contempla la indemnización integral de los daños y perjuicios, y de los honorarios profesionales resultantes, puntualizó el cura.
El párroco González llevó tranquilidad a la feligresía al afirmar que «de este modo he buscado finalizar las actuaciones que desde el año 2011 implicaron un accionar a la que como institución religiosa no estamos acostumbrados. Aun cuando la Parroquia abona lo solicitado, y aclarando que en nada tuvo responsabilidad por el desgraciado siniestro del 5 de mayo del año 2011, deja expresa mención en el convenio que el acuerdo no implica el reconocimiento de responsabilidad propia por el siniestro, sino que se busca cerrar un proceso judicial que evite riesgos mayores al patrimonio de la Iglesia de Villa Ocampo en el futuro».
